La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se pronunció ante la reforma judicial, indicando que para ellos es una profunda preocupación toda vez que, dijo, acentúan una polarización sin precedentes en torno al marco legal y a la armonía entre los distintos poderes del país
La Conferencia señaló que consideran que la Reforma Constitucional al Poder Judicial que está en curso debe ser más ampliamente discutida y analizada por parte del Poder Legislativo, siguiendo el principio de subsidiariedad que reconoce y promueve la participación de todos los actores sociales en las decisiones que afectan a la comunidad, lo cual implica:
Puntualizó que se deben tomar en cuenta a todas las fuerzas políticas representadas, escuchar a los especialistas en Derecho Constitucional, considerar las voces de la sociedad civil organizada, que son Pueblo de México, respetar el principio de participación democrática, preservar el bien común por encima de intereses particulares y lo anterior, con la finalidad de no poner en riesgo el equilibrio de poderes que sustenta la estructura democrática.
La CEM dijo que a pesar de que existe el respeto al Estado de Derecho, la decisión de la reforma judicial no es solo una necesidad política, sino una exigencia ética fundamental que emana de la dignidad humana y del bien común.
Asimismo, resaltó que la doctrina social de la Iglesia nos enseña que la autoridad debe ejercerse como servicio al bien común, el poder tiene límites morales y legales, la participación ciudadana es un derecho y un deber, la solidaridad es esencial para la paz social, el desarrollo debe ser integral y para todos y que la falta de diálogo y acuerdo entre los diversos poderes del Estado respecto a las disposiciones judiciales puede generar consecuencias graves para la convivencia social y el orden institucional, comprometiendo la confianza del país y amenazando la estabilidad del Estado de Derecho.
Por ello, exhortamos a todos los actores políticos y sociales a recuperar el diálogo constructivo como herramienta fundamental, fortalecer las instituciones democráticas, anteponer el bien común a los intereses particulares, respetar el orden constitucional, promover la solidaridad y la subsidiariedad, trabajar por la justicia social y el desarrollo integral y proteger la dignidad de toda persona.
Por último, señaló que “Una auténtica democracia no es solo el resultado de un respeto formal de las reglas, sino que es el fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos (Compendis de Doctrina Social de la Iglesia, 407)”.
