Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de la República envió este luns un par de iniciativas de leyes secundarias para la elección de jueces, ministros y magistrados, que incluye las fechas clave y reglas del proceso para la votación que se llevará a cabo el 1 de junio de 2025 para renovar al Poder Judicial de México.
En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, informó del envío al Senado de la República para reformar las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME).
Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, detalló las fechas clave del proceso de elección de jueces, ministros y magistrados que se incluyen en las iniciativas que envió Sheinbaum Pardo al Senado.
16 de octubre 2024. Senado emite convocatoria general para los Poderes.
31 de octubre. Instalación de Comités de Evaluación.
4 de noviembre. Publicación de convocatorias para la ciudadanía.
24 de noviembre. Inscripciones de aspirantes.
15 de diciembre. Comités Verifican requisitos de elegibilidad (documentos).
31 de enero de 2025. Comités realizan entrevistas y seleccionan finalistas idóneos.
4 de febrero. Poderes determinan conformidad de finalistas y devuelven a Comités.
5 de febrero. Comités insaculan, depuran listados y devuelven a Poderes.
7 de febrero. Poderes aprueban listados depurados y los remiten al Senado.
12 de febrero. Senado integra, revisa y remite listados al INE.
Además, Godoy Ramos informó que la votación será el 1 de junio de 2025 y serán el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos locales los encargados de organizar todo el proceso y los aspirantes podrán participar de manera simultánea en dos o más convocatorias emitidas en los poderes para el mismo cargo por circuito o circunscripción.
Asimismo, señaló que se aprobará “la boleta (electoral), administrar el tiempo en radio y televisión y emitir reglas y pautas para garantizar el derecho”.
Además, se deberá vigilar que ninguna de las personas que participen en la elección de jueces, ministros o magistrados reciba financiamiento público o privado durante su promoción, así como determinar los topes máximos en gastos de campaña y garantizar que nadie contrate espacios en radio, televisión, internet o cualquier medio de comunicación para promocionarse.
