En un México donde la política federal y estatal ha sido históricamente un campo de poder y control, la elección de Claudia Sheinbaum como presidenta en 2024 marca el inicio de una nueva era. La relación que Sheinbaum establecerá con las gobernadoras y gobernadores, sean de Morena, de partidos aliados o de la oposición, será un punto crucial en su gobierno. Esta relación deberá equilibrar los principios constitucionales de federalismo con las dinámicas reales de poder que han caracterizado la interacción entre la Federación y las entidades federativas a lo largo de la historia.
La Constitución Mexicana establece un federalismo basado en la colaboración y el respeto mutuo entre la Federación y los estados. En teoría, esto implica una relación institucional y armónica, donde las decisiones se toman en consenso y las diferencias se resuelven mediante el diálogo. Sin embargo, en la práctica, la relación entre la Federación y los estados ha sido un juego de poder, un proceso constante de conflicto, negociación y acuerdos, donde las alianzas y las rivalidades políticas desempeñan un papel determinante.
Durante los años del PRI en el poder, el Presidente de la República era visto como el jefe político de los gobernadores. Este poder centralizado permitía al presidente designar, mantener e incluso destituir a los mandatarios estatales a su antojo. Los gobernadores eran, en cierto sentido, príncipes bajo el mando del monarca presidencial. Este esquema de control comenzó a fragmentarse con la pluralidad política que emergió en 1989, cuando partidos como el PAN y el PRD empezaron a ganar gobernaturas. El año 2000 fue un punto de inflexión en la política mexicana. Con la llegada del PAN a la presidencia y la permanencia del PRI en la mayoría de los gobiernos estatales, surgió la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), un espacio para la coordinación y el diálogo entre las entidades federativas. Este fue un intento de equilibrar las relaciones de poder, promoviendo una mayor colaboración entre los estados y la Federación.
Sin embargo, la relación entre el gobierno federal y los estados se mantuvo en gran medida dentro del marco del conflicto y la negociación. Con la llegada de Morena al poder en 2018, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, la dinámica cambió nuevamente. López Obrador se reunió principalmente con los gobernadores de su partido y aliados, mientras que su relación con los gobiernos estatales de oposición fue, en el mejor de los casos, estrictamente institucional y, en el peor, marcada por el conflicto.
Durante su mandato, López Obrador adoptó un papel paternalista con las gobernadoras y los gobernadores de Morena, defendiendo sus acciones y solapando sus errores, lo que llevó a una actitud pasiva de algunos mandatarios estatales ante problemas graves en sus regiones. Ejemplos como los de Guerrero, Zacatecas, Veracruz y Chiapas ilustran cómo esta protección presidencial propició una gestión ineficaz en ciertos estados, donde los problemas de seguridad y gobernabilidad se agravaron sin una intervención decisiva del gobierno federal.
Este estilo de gobernar, aunque efectivo en mantener una cohesión interna en Morena, dejó a la vista las debilidades de un centralismo exacerbado que, en muchos casos, limitó la capacidad de respuesta local ante crisis específicas. La falta de una crítica constructiva y la ausencia de una verdadera colaboración entre el centro y las regiones crearon un escenario donde las políticas federales se impusieron sin tener en cuenta las realidades locales, exacerbando los problemas existentes.
Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, ha mostrado señales de que su relación con las gobernaturas y gobernadores podría ser diferente. Ojalá así sea. En días recientes, ha sostenido reuniones tanto con mandatarios de Morena y aliados como con opositores, enviando un mensaje de apertura y disposición al diálogo. Estas reuniones no son meros actos protocolares; representan un esfuerzo por establecer mecanismos de coordinación y priorizar obras de infraestructura que beneficien a cada entidad federativa.
Este enfoque parece apuntar hacia una relación más colaborativa con los gobernadores de oposición, una relación donde la coordinación se vuelva central en la toma de decisiones. Para los gobernadores de su coalición, Sheinbaum podría adoptar una postura más exigente, basada en resultados y en la congruencia con los principios del movimiento al que pertenece. Este cambio de dinámica podría ser un giro significativo respecto al estilo de gobierno de López Obrador, quien favoreció un control más centralizado y protector sobre los gobernadores de su partido.
El reto para Sheinbaum será equilibrar el poder que como presidenta puede ejercer sobre los estados con la necesidad de una verdadera colaboración federalista. En un país donde las desigualdades regionales son marcadas y donde los intereses locales pueden ser muy diversos, la capacidad de Sheinbaum para manejar esta relación será crucial para el éxito de su gobierno.
Las señales iniciales son prometedoras, pero será esencial que esta apertura al diálogo y la colaboración se traduzca en políticas concretas que respeten la autonomía de los estados y fomenten un federalismo auténtico. Esto implica no solo trabajar en coordinación con los gobernadores de oposición, sino también exigir responsabilidad y resultados a los mandatarios de su propio partido. Un verdadero federalismo no puede ser solo un discurso; debe reflejarse en la práctica mediante una distribución equitativa del poder y una gestión compartida de los desafíos nacionales.
Claudia Sheinbaum podría marcar un nuevo capítulo en la relación entre la Federación y los estados. La clave estará en cómo maneje las tensiones inherentes al federalismo mexicano: la necesidad de colaborar y respetar las autonomías locales frente al poder central que como presidenta puede ejercer. Si logra establecer una relación basada en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida, podría sentar las bases para un federalismo más efectivo y democrático en México. Sin embargo, el éxito de este esfuerzo dependerá de su habilidad para navegar las aguas turbulentas del poder político, donde la colaboración y el conflicto son inevitables compañeros de viaje. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.
