Allanamientos en casas de líderes vecinales y comedores populares “inexistentes” marcan los últimos capítulos de la contienda entre el Gobierno argentino, encabezado por el ultraliberal Javier Milei, y las organizaciones sociales. Los dirigentes de estas organizaciones han sido acusados de extorsionar a sus miembros para que asistan a manifestaciones.
La investigación, realizada a pedido del Ministerio de Seguridad, sostiene que miembros de las organizaciones sociales extorsionan a beneficiarios de la asistencia social. Según el informe, estas personas son forzadas a participar en protestas, pagar un monto de dinero a la entidad, o trabajar para la misma bajo amenaza de perder sus ayudas.
El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, afirmó este miércoles ante el Senado que en las organizaciones sociales examinadas existe un “esquema de esclavitud moderno”.
La pesquisa comenzó a partir de denuncias realizadas al 134, un número habilitado por el Gobierno de Milei en diciembre para reportar irregularidades de este tipo. Desde entonces, se han llevado a cabo varios operativos, incluyendo allanamientos en casas de líderes vecinales y comedores populares. Estos operativos han destapado la existencia de comedores que, según las denuncias, no existen en la práctica.
Las acusaciones y las medidas tomadas por el Gobierno han generado un clima de tensión y confrontación. Las organizaciones sociales han negado las acusaciones, alegando que estas acciones son un intento del Gobierno por deslegitimar su trabajo y reducir el apoyo social que reciben.
