El 31 de marzo pasado, el candidato de Morena para la gubernatura del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, hizo una propuesta que debemos examinar con cuidado, ya sea para aceptarla o cuestionarla, si es necesario. La idea vertida en Comitán de Domínguez se resume en construir un Pacto Político Fraternal tras las elecciones en el estado.
La propuesta es pertinente para los chiapanecos, porque se trata de una entidad federativa con múltiples y muy serios problemas, para los cuales, los esfuerzos de las instituciones no han sido suficientes hasta ahora.
Se trata de raíces profundas en la desigualdad social y en el abandono de las instituciones, tanto estatales como de la Federación. Lo que se ha generado en siglos no puede tener fin en unos cuantos años y, por eso mismo, es necesario mantener y fortalecer los esfuerzos.
Sin embargo, no basta con el esfuerzo en términos administrativos, de economía o de medidas jurídicas para construir una comunidad mejor. Se requiere también de trazos políticos que permitan acuerdos entre las diversas fuerzas sociales y, por supuesto, entre las instituciones de gobierno. Para lograrlo, se necesita un ánimo auténtico de pluralidad y la capacidad de convocatoria que solamente se logra con el oficio político.
En Chiapas es urgente un acuerdo bajo el signo de las coincidencias en la preocupación y la ocupación por el estado. Es decisivo un acuerdo de gobernabilidad, de gobernanza, que potencialice los trabajos para abatir los rezagos que, ciertamente, todavía son muchos. Así, ojalá la propuesta de Eduardo Ramírez Aguilar llegue a oídos receptivos, porque el estado de Chiapas necesita de la política en el buen sentido del término.
La idea del candidato chiapaneco nos recuerda que, en México, ya en el gobierno del Presidente López Obrador hubo un Acuerdo Nacional para la Gobernabilidad. Este pacto de civilidad se firmó el 22 de marzo de 2021 y se relacionaba con las elecciones de aquel año. Los principales promotores fueron el Presidente de la República, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum, y la entonces gobernadora de Sonora.
En Palacio Nacional, se dieron cita los 32 gobernadores para formalizar el compromiso y en ese evento se destacó la importancia del acuerdo y se marcaron las diferencias respecto a otros tiempos electorales. Antes —se dijo— se convocaba a los gobernadores y a otros actores políticos para pactar la realización de elecciones manipuladas: fraudulentas y oscuras. En el nuevo tiempo, la convocatoria fue para defender la democracia que tantos esfuerzos ha costado a los mexicanos.
El acuerdo de gobernabilidad democrática contenía un compromiso para promover el interés ciudadano en la elección de sus gobernantes y representantes. De la misma manera, se establecía la prohibición de parcializar la conducta política de los gobernadores y, con mucho énfasis, la de usar los recursos públicos para apoyar o perjudicar a algunos candidatos de determinados partidos.
La idea del candidato chiapaneco puede llevarnos a pensar en un nuevo Acuerdo Nacional para la Vida Democrática de los mexicanos. Se requiere un reencuentro cívico de todas las fuerzas políticas protagonistas del proceso que se avecina. Se pretende que la competencia sea respetuosa de las leyes, consciente de que en una elección se gana o se pierde y que los resultados deben aceptarse.
La Dra. Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, va a ganar las elecciones. Pero esa fortaleza política convoca a la práctica cívica de la concordia. La fortaleza de la propuesta morenista es también un marco amplio para la transparencia y la paz que nos van a ser útiles en los próximos años.Es importante un nuevo acuerdo electoral para los mexicanos. Se trata de fijar compromisos que fortalezcan la legitimidad del proceso. Una elección legitimada por los ciudadanos será un factor decisivo en el futuro próximo.
