Esta mañana, en conferencia, el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, informó sobre la iniciativa de reforma constitucional referente al fortalecimiento de la paraestatal, que tiene por objetivo garantizar la soberanía energética, la soberanía nacional y la justicia social al ofrecer el acceso universal del servicio a precios bajos.
La iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales busca recuperar el sentido original de la Constitución: la electricidad no es una mercancía, sino un derecho humano, por depender de ello el desarrollo de la vida y la economía del país; es un servicio público y una responsabilidad ineludible del Estado. Mientras que dejar el aprovisionamiento de la energía eléctrica a intereses económicos, implica el abandono de la responsabilidad esencial de los poderes públicos, representantes de la nación y responsables ante ella.
El director general de la CFE explicó que la reforma energética de 2013 estableció ventajas a favor de las empresas privadas en detrimento de la empresa pública, en un sistema que establece la prelación del interés privado sobre el interés público y nacional que representa la CFE. Dijo que, por ello, el presidente propuso reformar el texto constitucional para atender la problemática.
“En el artículo 28, cuarto párrafo del texto vigente (…) no se define cuál es el objetivo de la planeación y el control y, por lo tanto, el sistema eléctrico vigente se desarrolla al margen de toda planeación y en ausencia de la atribución del control del Estado.
En ese vacío, son las leyes secundarias las que regulan el sistema sin obedecer a un principio constitucional que se propone establecer. Para evitar este vacío se propone añadir que la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional Vigente en nuestra constitución, tenga un objetivo específico”, apuntó el director de la CFE.
Señaló que el artículo 27 establece que las leyes determinan la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica; sin embargo, a falta de precisión, se propone adicionar que dichas leyes deberán tener como principio garantizar la justicia social.
“Finalmente, el artículo 25 constitucional, quinto párrafo, en él se propone eliminar el concepto de empresa productiva del Estado incorporado al texto constitucional por recomendación de organismos internacionales financieros de corte neoliberal desnaturalizando la obligación del Estado de garantizar el servicio público de electricidad convirtiéndola en una empresa que no se diferencia de una privada y, por tanto, reduciendo la finalidad a la mera obtención de utilidades sin ninguna función social”, agregó Manuel Bartlett.
