México obtuvo la calificación más alta de América Latina y el Caribe en materia de políticas de anticoncepción, al alcanzar 95.6 puntos en el Atlas de Políticas de Anticoncepción de América Latina y el Caribe 2026, una evaluación internacional que analizó a 33 países y territorios de la región.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, este reconocimiento posiciona al país como referente regional en el acceso a servicios de planificación familiar, cobertura pública de métodos anticonceptivos y protección de los derechos sexuales y reproductivos.
El estudio, elaborado por el Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF), consideró 22 indicadores relacionados con el marco normativo, financiamiento y acceso a métodos anticonceptivos. Entre los aspectos mejor evaluados de México destacan el reconocimiento legal de los derechos reproductivos, la actualización de la estrategia nacional de planificación familiar y la disponibilidad de servicios dirigidos a adolescentes y jóvenes.
Los resultados fueron presentados durante la tercera edición de los Diálogos por la Anticoncepción y la Planificación Familiar, espacio que reunió a autoridades, especialistas, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil para intercambiar experiencias y fortalecer las estrategias en salud sexual y reproductiva.
La directora general del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva (CNEGSSR), Teresa Ramos, señaló que este resultado refleja los avances alcanzados por México en la construcción de políticas públicas orientadas a garantizar el acceso gratuito, oportuno y de calidad a los servicios de anticoncepción y planificación familiar.
Durante el encuentro también se destacó la necesidad de continuar fortaleciendo la disponibilidad de métodos anticonceptivos, la capacitación del personal de salud y la coordinación entre instituciones para reducir las brechas de acceso en distintos sectores de la población.
La Secretaría de Salud reiteró que estas acciones contribuyen a prevenir embarazos no planeados, disminuir el embarazo adolescente, favorecer la salud materna y garantizar el ejercicio informado de los derechos sexuales y reproductivos.
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