La Secretaría de las Mujeres informó avances en los trabajos para identificar, medir y caracterizar las uniones tempranas y la cohabitación forzada en México, un fenómeno que afecta principalmente a niñas y adolescentes y que, en muchos casos, permanece oculto en los registros oficiales.
Durante el Encuentro Internacional de Estadísticas de Género (EIEG), la coordinadora de Análisis Estratégico y Estadísticas de Género de la dependencia, Evelyn Trasviña, presentó los avances del Grupo de Trabajo de Uniones Tempranas y Cohabitación Forzada, una iniciativa que busca articular información proveniente de instituciones de salud, educación y registros administrativos para comprender mejor la dimensión de esta problemática y diseñar políticas públicas efectivas.
La funcionaria explicó que uno de los principales desafíos es que muchas de estas uniones no aparecen en el Registro Civil debido a que los matrimonios con personas menores de edad están prohibidos por la ley, lo que dificulta su medición y seguimiento.
De acuerdo con cifras del INEGI, en México existen 143 mil 668 mujeres de entre 12 y 17 años que viven en unión en zonas rurales, una situación que encendió las alertas de especialistas y autoridades.
Trasviña enfatizó que en menores de 15 años no existe posibilidad de consentimiento y que los casos relacionados con embarazos infantiles o diferencias significativas de edad deben entenderse como escenarios de coerción y violencia sexual. Asimismo, señaló que el reto institucional consiste en desarrollar indicadores que permitan medir estos factores y generar mecanismos de atención que protejan el futuro y el desarrollo de las niñas.
Como parte de la estrategia, la Secretaría de las Mujeres busca fortalecer el intercambio de información con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) y con registros educativos para detectar factores de riesgo y mejorar las acciones de prevención.
En el panel también participaron representantes de organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, el INEGI, la CEPAL, ONU Mujeres, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Las autoridades coincidieron en que contar con estadísticas más precisas permitirá diseñar políticas públicas orientadas a prevenir la violencia de género y garantizar la protección de los derechos de niñas y adolescentes en todo el país.
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