La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en primera legislatura una reforma constitucional impulsada por Daniel Ortega que eleva a siete años el periodo presidencial y establece que los llamados “traidores a la patria” no podrán contender por cargos de elección popular.
La modificación también extiende a siete años los periodos de diputados, alcaldes y otros funcionarios. De aprobarse nuevamente en 2027, la reforma entraría en vigor y las elecciones generales previstas para 2026 se trasladarían a noviembre de 2027.
El cambio constitucional refuerza la permanencia del oficialismo en el poder y redefine los tiempos políticos en Nicaragua, en medio de críticas internacionales por el rumbo democrático del país.
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