Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, hizo pública la carta que se envió a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña, desde el 12 de diciembre, sobre la posible liberación de 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa.
En la misiva se le advirtió sobre el riesgo de modificar las medidas cautelares y de la trascendencia de este asunto para el Estado mexicano.
El escrito se refiere a la resolución adoptada en la sesión del jueves 30 de noviembre de 2023 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, integrado por los Magistrados Francisco Javier Sarabia Ascencio, Juan José Olvera López y Horacio Armando Hernández Orozco (ponente).
De igual modo, indica que en la sesión los Magistrados estimaron fundado el agravio aducido por los 8 militares inculpados dentro de la causa penal /2023 del índice del Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca.
Al respecto, indicaron que “la ejecutoria no ha sido formalmente notificada. En consecuencia, determinó modificar y conceder la suspensión para el efecto de celebrar una nueva audiencia a fin de que se emita una medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa decretada a los siguientes inculpados relacionados con el caso Ayotzinapa: 1. Subtte Omar Torres Marquillo, 2. Sgto 2 Roberto de los Santos Eduviges 3. Sgto 2 Ramiro Manzanares Sanabria, 4.Sgto 2 Juan Andrés Flores Lagunas 5. Sgto 1º Gustavo Rodríguez de la Cruz, 6.Cabo Uri Yashiel Reyes Lasos, 7. Cabo Eloy Estrada Diaz y 8. Cabo Juan Sotelo Diaz.”
En el documento, publicado en la plataforma “X” de la titular de la Segob, se indica que lo anterior es relevante porque al modificar la prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país. “Además, debo señalar que este es un asunto de la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, así como de los madres y padres que los buscan”.
Por lo que, dicha misiva la concluye indicando que la Secretaría de Gobernación confía en que el Poder Judicial de la Federación velará por el Estado de Derecho, garantizará los derechos humanos de las víctimas y sancionará a los responsables, a fin de no generar en la sociedad un mensaje de impunidad e injusticia.
