El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la constitucionalidad de la creación de la Fiscalía de Inteligencia Financiera de Nuevo León, instancia especializada en investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.
La Corte validó diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del estado que regulan su estructura y funciones, permitiéndole generar, obtener y analizar información financiera, fiscal y patrimonial, así como coordinarse con autoridades federales, estatales y municipales. Sin embargo, se declaró inválida la disposición que otorgaba a esta fiscalía la facultad exclusiva de ordenar la inmovilización de cuentas o valores del sistema financiero, al considerar que dicha atribución invade competencias federales en materia procesal penal.
