El Gobierno de México impulsa la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de la Ley General de Aguas, con el objetivo de garantizar que el agua deje de considerarse una mercancía y se reconozca como un derecho humano.
Principales alcances de la iniciativa
- Sistema de concesiones ordenado y transparente, con cero tolerancia a la corrupción.
- Fin al mercado negro del agua, evitando su venta en beneficio de particulares.
- Prohibición del acaparamiento, para que comunidades y pequeños productores tengan acceso suficiente.
- Garantía del binomio tierra-agua: los títulos de concesión podrán heredarse y conservarse en casos de compraventa, manteniendo volumen, uso y vigencia original.
- Proceso abierto y participativo, resultado de 13 foros regionales y cientos de reuniones con agricultores, comunidades, pueblos originarios, académicos y empresas, además de foros organizados por el Poder Legislativo.
La iniciativa busca equidad en el acceso al agua, transparencia en su gestión y protección de los derechos de las comunidades, en un marco de diálogo y consenso.
