La extorsión se ha consolidado como una de las manifestaciones más agresivas y dañinas de la inseguridad en México. Este delito afecta directamente a ciudadanos, empresarios, transportistas y comerciantes, provocando miedo, pérdida económica y desconfianza social.
De acuerdo con la COPARMEX, durante el primer semestre de 2025 se registraron casi 6 mil víctimas de extorsión, concentradas principalmente en ocho entidades federativas.
Detrás de esas cifras se encuentra una realidad que no solo refleja violencia y criminalidad, sino también un fuerte obstáculo para el desarrollo económico, el empleo y la inversión productiva.
Frente a este panorama, la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar Delitos en materia de Extorsión, que aprobamos recientemente en la Cámara de Diputados, representa un avance histórico en la construcción de un marco jurídico homogéneo para todo el país.
Esta ley define de manera más amplia el delito de extorsión, incorporando modalidades modernas como las amenazas virtuales, el cobro de piso digital y las extorsiones originadas desde los centros penitenciarios.
Asimismo, establece penas más severas para quienes operen en grupo o pertenezcan a organizaciones criminales, y fortalece la protección a las víctimas y denunciantes.
Un elemento clave de esta legislación es la creación del Registro Nacional de Casos de Extorsión, que permitirá unificar datos y coordinar esfuerzos entre las autoridades federales, estatales y municipales. Con ello, se busca cerrar vacíos legales que antes facilitaban la impunidad y obstaculizaban la persecución efectiva de los responsables.
Hace unos días, tuve la oportunidad de participar en un diálogo con representantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), quienes expresaron su preocupación por el incremento de estos delitos y por las dificultades que enfrentan en las fiscalías locales. Les compartí que, al tratarse de una ley general, su aplicación abarcará a todos los estados y municipios, convirtiéndose en una auténtica política de Estado. A pesar de que aún quede mucho por hacer, con esta iniciativa tendremos mejores resultados en el combate a este delito. El liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y del Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha sido determinante. Desde el inicio del sexenio se han logrado más de 200 detenciones vinculadas a casos de extorsión y se han abierto miles de carpetas de investigación en todo el país. Con esta reforma, México da un paso firme hacia la protección de sus ciudadanos, fortaleciendo la seguridad, la justicia y la confianza en las instituciones.
