La defensa legal de Genaro García Luna, exsecretario mexicano de Seguridad Pública condenado por narcotráfico, ha elevado una queja formal ante una corte federal de apelaciones denunciando las condiciones de “maltrato extremo” que sufre su cliente en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.
Detallaron que el maltrato de que ha sido objeto el exfuncionario mexicano se refleja en una pérdida de peso de 14 kilos y la imposibilidad de acceder a los documentos de su caso.
A través de dos cartas dirigidas a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, los abogados César de Castro y Valerie Gotlib detallaron la crítica situación que atraviesa García Luna, quien fue transferido al penal ADX Florence en Colorado, una de las instalaciones carcelarias más estrictas del país, donde también cumple condena Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
Según la misiva de la defensa, el exfuncionario enfrenta serios obstáculos para comunicarse con sus abogados. Gotlib reveló en una carta fechada el 18 de agosto que recién el pasado 31 de julio pudieron sostener una conversación con García Luna, la primera desde el mes de enero, luego de varios intentos infructuosos. “Nunca antes habíamos estado imposibilitados de tener comunicación alguna con nuestro cliente”, lamentó la letrada.
La defensa argumenta que estas condiciones violan los derechos de García Luna y dificultan la preparación de su apelación. La falta de acceso a los documentos legales de la causa en su contra, sumada a una alimentación deficiente que le ha provocado una significativa merma en su salud, son los puntos centrales de la denuncia.
García Luna, una pieza clave en la estrategia de seguridad del expresidente Felipe Calderón, fue sentenciado en octubre de 2023 a 38 años de prisión tras ser declarado culpable de narcotráfico y delincuencia organizada. El jurado encontró que durante su mandato actuó como cómplice y recibió millonarios sobornos del Cártel de Sinaloa.
Las cartas de sus abogados buscan que la Corte de Apelaciones intervenga para garantizar un trato adecuado y los recursos necesarios para que el condenado pueda ejercer su derecho a apelar la sentencia. Hasta el momento, las autoridades penitenciarias estadounidenses no se han pronunciado al respecto.
