Con 349 votos a favor y 132 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide una nueva Ley de la Guardia Nacional, la cual sustituye a la normativa vigente desde 2019 y consolida su carácter de fuerza permanente de seguridad pública, integrada por personal militar con formación policial bajo mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El dictamen fue turnado al Senado para su análisis constitucional.
La nueva ley —que consta de 96 artículos organizados en siete títulos— establece la organización, principios, estructura, atribuciones y coordinación territorial de la Guardia Nacional, con fines de preservar el orden público y proteger los derechos de la población. Su actuación estará regida por valores como patriotismo, legalidad, respeto a los derechos humanos, eficiencia y profesionalismo.
Entre sus atribuciones destacan:
- Prevención de delitos e infracciones administrativas
- Investigación e inteligencia preventiva bajo supervisión del Ministerio Público
- Operaciones encubiertas, recolección de datos en espacios públicos y tareas de verificación
- Coordinación con autoridades locales mediante convenios
Además, el dictamen incluye reformas a ocho leyes y dos códigos, entre ellas:
- Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, para establecer que la Guardia Nacional actuará exclusivamente en materia de seguridad pública
- Ley de Educación Militar, ahora aplicable también a personal de Guardia Nacional
- Ley de Disciplina, Ascensos y Seguridad Social, para homologar derechos, obligaciones y estructura jerárquica
- Códigos de Justicia Militar y de Procedimientos Penales Militares, incorporando a los elementos de la Guardia Nacional a la jurisdicción penal militar con controles y lenguaje más actualizado e incluyente
Se estipula que el mando supremo de la Guardia Nacional corresponderá a la Presidencia de la República, mientras que la operación estará a cargo de la Sedena, mediante una estructura jerárquica que incluye una comandancia nacional y coordinaciones territoriales. La persona titular de la Sedena será responsable de su organización y desarrollo, conforme a las directrices del Ejecutivo.
La ley prevé también informes anuales al Senado sobre el desempeño de la corporación y subraya que cualquier intervención de comunicaciones requerirá autorización judicial, garantizando el respeto a derechos fundamentales.
Con esta iniciativa —propuesta por la presidenta de la República y alineada con la reforma constitucional de septiembre de 2024— se busca reforzar el marco legal de actuación de la Guardia Nacional, su institucionalización y el fortalecimiento de su capacidad operativa bajo principios democráticos.
