La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen del llamado “Plan B” de la reforma electoral, que reforma los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, a partir de una iniciativa enviada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
En la votación en lo particular, el dictamen fue avalado con mayoría calificada de 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención, por lo que fue remitido a las legislaturas de los estados y a la de la Ciudad de México para su análisis y efectos constitucionales.
La reforma tiene como objetivo fortalecer la austeridad republicana, reducir privilegios en el ejercicio del poder público y reforzar los mecanismos de control democrático, además de establecer ajustes en la integración y funcionamiento de ayuntamientos y congresos locales, así como límites presupuestarios a las remuneraciones de funcionarios electorales.
En el artículo 115, se establece que los municipios serán gobernados por ayuntamientos de elección popular directa, integrados por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, garantizando los principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género.
Respecto al artículo 116, se dispone que las constituciones estatales deberán fijar que el presupuesto anual de los congresos locales no exceda el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad federativa, además de asegurar criterios de paridad e igualdad en la integración de los órganos legislativos.
En tanto, el artículo 134 señala que las remuneraciones de consejeras y consejeros electorales, magistradas y magistrados electorales y altos funcionarios del INE, de los organismos públicos locales electorales y de los tribunales electorales estatales no podrán superar el límite establecido en el artículo 127 constitucional. Asimismo, se prohíbe la contratación de seguros y prestaciones adicionales no previstas en la ley.
El dictamen incluye disposiciones transitorias para una implementación gradual de las medidas, así como la reasignación de los recursos públicos ahorrados hacia fines de interés social.
Durante la discusión en lo particular, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano presentaron diversas reservas, las cuales fueron retiradas, enviadas al Diario de los Debates o desechadas.
Con esta aprobación, la reforma entra en una nueva etapa de análisis a nivel local, donde deberá ser avalada por al menos la mitad más uno de los congresos estatales para completar el proceso constitucional.
