La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, aprobó este jueves un ambicioso proyecto de ley presupuestaria impulsado por el presidente Donald Trump, que combina la extensión de exoneraciones fiscales con recortes al gasto público, incluyendo programas de salud para los más vulnerables. La iniciativa, que aún debe ser debatida en el Senado, generó fuertes críticas por su potencial impacto en el déficit federal y en el acceso a la atención médica.
El paquete, denominado por Trump como “grande y hermoso” en sus redes sociales, busca prorrogar las reducciones impositivas implementadas durante su primer mandato (2017-2021), que vencen a finales de este año. El exmandatario celebró la votación afirmando: “¡Podría decirse que esta es la legislación más importante que se haya firmado jamás en la historia de nuestro país!”.
Sin embargo, un análisis de una comisión independiente del Congreso advierte que la extensión de estos beneficios fiscales, junto a otras medidas, podría incrementar el déficit en más de 4,8 billones de dólares en la próxima década. Para compensar este costo, el proyecto incluye severos recortes a programas sociales, especialmente a Medicaid —el seguro de salud para personas de bajos ingresos creado bajo el gobierno de Barack Obama—, del cual dependen más de 70 millones de estadounidenses.
El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, defendió la ley durante un maratónico debate nocturno, calificándola como “un cambio transformador” y “un punto de inflexión en la historia de EU”. Por el contrario, los demócratas y grupos defensores de derechos sociales alertan que la medida “desmantelará la cobertura sanitaria” y beneficiará principalmente a las grandes corporaciones y a los más ricos.
El proyecto ahora enfrenta un escenario incierto en el Senado, donde los demócratas tienen una ajustada mayoría. Su aprobación requerirá negociaciones, especialmente en un año electoral marcado por la polarización política.
Si se convierte en ley, el paquete no solo consolidaría parte del legado económico de Trump, sino que también reavivaría el debate sobre la desigualdad y el rol del gobierno en la protección social.
