El diputado morenista Alberto Vanegas Arenas presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, así como la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México con la finalidad de institucionalizar y fortalecer la cooperación metropolitana en materia de prevención del delito, combate a la delincuencia y protección de la ciudadanía.
Explicó que la seguridad ciudadana en una megalópolis requiere de un enfoque metropolitano que reconozca la interdependencia entre los municipios y los estados vecinos para realizar operativos conjuntos de prevención del delito.
Destacó que la delincuencia organizada, el robo con violencia, la extorsión, el homicidio doloso y la trata de personas son delitos que “no respetan límites administrativos”, pues la falta de protocolos homologados de patrullaje y persecución del delito genera vacíos operativos, ya que mientras en la Ciudad de México se implementa un modelo de mando único, en el Estado de México cada municipio tiene sus propios esquemas, lo que dificulta la persecución de delincuentes que cruzan los límites territoriales.
“Es por eso que hoy, nuestra Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, así como la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana deben evolucionar para enfrenta la realidad de una metrópoli interconectada, toda vez que la seguridad ciudadana es un derecho fundamental y una condición indispensable para el desarrollo social y económico de cualquier metrópoli”, aseveró Vanegas.
Aunado a lo anterior, el legislador tlalpense explicó que estas medidas deben de atenderse desde un enfoque multidimensional que incluya estrategias de prevención del delito, cohesión social, acceso a la justicia y fortalecimiento de las instituciones policiales y judiciales que fortalezcan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
“En este marco, la coordinación interinstitucional es un elemento esencial para una estrategia de seguridad efectiva, esto implica la creación de mecanismos de cooperación entre jurisdicciones, la implementación de tecnologías avanzadas en videovigilancia, bases de datos compartidas y sistemas de respuesta rápida, ya que es fundamental garantizar la eficiencia en la investigación y persecución de delitos, asegurando que cada crimen cometido tenga una consecuencia jurídica clara”, puntualizó el legislador.
