La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su presidenta Norma Piña Hernández debe ejercer su facultad de atracción y resolver los juicios de amparo que impide que los 15 mil millones de pesos de 13 fideicomisos del Poder Judicial se utilicen para los damnificados de Acapulco, Guerrero, así lo solicitó la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF).
Después de que jueces en Chihuahua y en la Ciudad de México han resuelto amparos que les benefician con el pretexto de defender la independencia judicial, mencionó en un comunicado la CJFE, éstos por ética judicial debieron abstenerse de conocer de los juicios de amparo y recursos interpuestos en contra de la extinción de los fideicomisos del PJF.
Señaló que estos jueces pretenden mantener el control de los recursos públicos de los fideicomisos para otorgarse beneficios extraordinarios de los que no gozan los demás servidores públicos; sin embargo, tanto jueces como magistrados están impedidos para resolver con imparcialidad dichos juicios de amparo, pues fueron promovidos por ellos mismos.
“La SCJN debe atraer y resolver de forma prioritaria los asuntos de referencia, toda vez que existen características excepcionales y trascendentes al verse involucrados intereses económicos de jueces, magistrados y demás personal del PJF, lo cual se contrapone con el interés público de la sociedad para utilizar los recursos públicos en la atención a la población de Acapulco y Coyuca de Benítez”, se lee en el comunicado.
