La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) indicó que para este primer periodo de sesiones del Tribunal Pleno se analizarán y resolverán diversos asuntos relevantes tanto para el ejercicio de los derechos, y libertades de las y los mexicanos, así como para la definición de los pesos y contrapesos que establece la Constitución.
Al inaugurar este primer periodo, la Ministra Presidenta destacó algunos asuntos relevantes, como la posibilidad de emitir una declaratoria general de constitucionalidad ante la omisión en que incurre el Congreso de la Unión, o una legislatura local, al abstenerse de emitir una ley en cumplimiento de un mandato constitucional; se revisará un asunto sobre el alcance del derecho de acceso a la información pública, relacionado con una resolución del INAI, que mandata entregar una versión pública de “Los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y los avisos de quienes realizan actividades vulnerables relacionados con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus”.
Asimismo, dijo, se analizará la validez de la Ley para Prevenir y Erradicar el Feminicidio del Estado de Michoacán, vía una acción de inconstitucionalidad, el cual permitirá fijar criterios relevantes sobre el alcance del derecho de participación de las mujeres en la vida política y sobre el ámbito dentro del cual las legislaturas locales pueden legislar para prevenir y erradicar el feminicidio sin invadir la esfera reservada a la Federación en materia procesal penal.
La Ministra Presidenta mencionó que también se resolverán diversas acciones de inconstitucionalidad en las que La Corte se pronunciará sobre la validez de la definición de la llamada “violencia vicaria” y sus consecuencias jurídicas; y, con motivo de una acción de inconstitucionalidad en la que se analizarán las reformas efectuadas a la Ley de Hidrocarburos, el Pleno resolverá sobre la validez de un requisito establecido para el otorgamiento de permisos para almacenamiento de hidrocarburos, así como la nueva atribución de la autoridad para suspender los permisos expedidos cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional.
Además, señaló se analizarán acciones de inconstitucionalidad relativas a la impugnación de un decreto por el que se reforman y derogan disposiciones de múltiples leyes federales, cuyo objetivo fue eliminar ciertos fideicomisos sin estructura orgánica, que servían como vehículos para distribuir el gasto público; y, la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal, con motivo de reformas que atienden a lo establecido en el T-MEC, en la que podrán fijarse relevantes criterios sobre el alcance y la validez tanto de las medidas tecnológicas de protección de los derechos de autor y de los derechos conexos.
