El pasado 30 de octubre se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución, lo que significa que las reformas constitucionales no son objeto de amparo y no pueden ser modificadas por la Corte. Y esto viene al caso ya que en la vida pública entre las cosas más importantes, son separar el ruido y la neblina, todo lo que confunde con poca claridad y amputar los sofismas. La realidad es que, si lo vemos con objetividad, la reforma en cuestión es absolutamente pertinente, prudente y conveniente para la realidad nacional y no solo eso, es armónica con el marco y proceso jurídico legal y constitucional de nuestro país.
La base del Estado mexicano es la supremacía de la Constitución. Todos los autores serios como Kelsen sostienen que el sentido de todas las normas es la Constitución, y eso manifiesta en el artículo 133 constitucional que señala que nuestra Carta Magna es la Ley Suprema de toda la Unión. La Constitución establece sus propios mecanismos para reformarse, por eso tenemos un Constituyente Permanente que tiene la capacidad de reformar a la misma Constitución, siempre y cuando se cumplan los procedimientos que se establecen, que se han cumplido en todo momento en esta Legislatura. Hasta aquí no hay litis: la Constitución nos manda. Esta soberanía del pueblo se expresa a través del voto y las instituciones como el Constituyente Permanente.
El otro punto es la división de poderes. La Corte no tiene facultades legislativas. La división de poderes radica en que el legislativo legisla, el ejecutivo ejecuta y el judicial juzga. El marco constitucional mexicano es claro, la Corte puede interpretar, pero de ninguna forma puede reformar ni ponerse por encima del proceso legislativo. Esto no es nuevo, debe venir en los libros de texto de El Yunque, donde ven con añoranza la idea del Supremo Poder Conservador tenía la posibilidad de destituir al Presidente e invalidar actos de los otros poderes. Hoy quieren que la Corte se convierta en este Supremo Poder; eso ya no existe ni puede existir. Está claro, la Corte no puede legislar y no puede cambiar las reformas constitucionales.
Quiero traer a la memoria tres palabras: “Nosotros el pueblo” y no es un texto de izquierda, son las palabras con las que inicia la Constitución de Estados Unidos, y significan que el poder emana del pueblo y para el pueblo, no de un monarca, de una autoridad suprema o de un ministro. Que la Corte asuma que puede decidir que sí o que no debe estar en la Constitución, es un prevaricato, una defensa a un régimen de privilegios, y un golpe a las instituciones que puede provocar una crisis constitucional. Celebro este debate, nos pinta a todos de cuerpo completo en una pincelada. Parafraseando a Tennyson “somos lo que somos”, quienes buscar frenar esta reforma de ninguna manera son objetivo, se entiende, pero están defendiendo la chuleta, nosotros, defendemos la soberanía nacional, la supremacía de la Constitución y el poder del pueblo
