Estados Unidos impuso nuevas sanciones económicas contra cinco miembros de alto rango y dos empresas vinculadas al cártel mexicano La Línea, una organización armada del Cártel de Juárez que opera en la frontera y en el estado de Chihuahua. Según informó el Departamento del Tesoro, esta medida tiene como objetivo frenar una de las principales fuentes del fentanilo que ingresa a Estados Unidos, un opioide que actualmente representa la principal causa de muertes por sobredosis en el país.
El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo señaló en un comunicado que el gobierno estadounidense “utilizará todas las herramientas” disponibles para detener las actividades de La Línea y otras organizaciones que contribuyen al tráfico de fentanilo en las comunidades de Estados Unidos. Esta acción forma parte de una ofensiva más amplia del gobierno del presidente Joe Biden contra la proliferación del fentanilo y otras drogas sintéticas, la cual incluye sanciones a empresas y figuras clave en México y China, principales fuentes de precursores químicos.
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos se han incrementado en más de siete veces entre 2015 y 2021, aunque este año han registrado un leve descenso del 3%. Sin embargo, el fentanilo sigue siendo un problema crítico debido a su alto poder adictivo y la facilidad de acceso a sus componentes.
La Administración de Control de Drogas (DEA) destacóel papel de La Línea en la cadena de suministro de fentanilo, estableciendo conexiones con laboratorios y distribuidores en Estados Unidos. En julio de 2022, un juez federal de Dakota del Norte ordenó al cártel pagar una indemnización de 4.600 millones de dólares a las familias de nueve estadounidenses asesinados en una emboscada en el norte de México en 2019, un incidente que evidenció el alcance de la violencia perpetrada por el grupo.
Desde el inicio de su mandato, la administración Biden intensificó las acciones contra los traficantes de fentanilo, incluyendo acusaciones por lavado de dinero y sanciones a empresas y ejecutivos chinos que facilitan la importación de sustancias químicas. Esta ofensiva se enmarca en una estrategia para reducir la oferta de fentanilo y limitar su disponibilidad en el mercado estadounidense, como parte de un esfuerzo que involucra cooperación internacional y vigilancia fronteriza más estricta.
