La Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a un acuerdo con la Unión Americana por los Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) para limitar las separaciones de familias migrantes en la frontera con México, acción que todavía debe aprobar un juez pero que en caso de ratificarse establece nuevos estándares contra esa práctica.
El pacto limita las circunstancias en que los padres o tutores legales pueden ser separados de los menores, y en caso de que esa separación tenga lugar por razones de seguridad o médicas, entre otras, establece el procedimiento para seguir el paradero de los miembros de esa familia y garantizar que esa información se comparte.
La demanda contra el Gobierno federal la encabezó la ACLU en 2018, todavía bajo el mandato del ex presidente republicano Donald Trump.
El acuerdo propuesto sólo permite la separación en “circunstancias específicas limitadas”, incluidos casos de seguridad nacional, de seguridad del menor, emergencias médicas y ciertas órdenes penales.
Incluye procesos mediante los cuales el Ejecutivo debe proporcionar información a los familiares que ya hayan sido separados y fija los canales mediante los cuales los padres o tutores pueden comunicarse con el pequeño.
Además de precisar las circunstancias bajo las cuales el Gobierno debe reunificar a la familia cuando la situación lo permita.
El pacto fue presentado en un tribunal federal de San Diego (California) y entre otros beneficios autoriza que los padres de niños separados vayan a Estados Unidos con un permiso especial durante tres años y puedan trabajar en ese tiempo.
Dicho acuerdo también contempla acceso a servicios legales, ayuda temporal a la vivienda y asistencia médica.
