En este tercer año de la II Legislatura, el Congreso de la Ciudad de México reformó y adicionó diversas disposiciones a la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de 3 de 3 contra la violencia de género, con el objetivo de evitar que personas agresoras o ausentes con sus responsabilidades alimentarias puedan ejercer cargos públicos.
Durante el análisis del dictamen que fue presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Asuntos Político–Electorales, el legislador Gaviño Ambriz aseguró que con esta reforma se homologa la Constitución local con la Carta Magna federal, para establecer que todos los servidores públicos, no solamente los titulares de las dependencias cumplan esta norma.
La congresista Ávila Ventura expresó que esta reforma evita que los agresores ocupen cargos públicos en cualquiera de las instituciones de la capital, y representa un avance legislativo en contra de la impunidad de quienes cometen delitos por razones de género.
El dictamen aprobado estableció la prohibición para el desempeño de cargos en el servicio público y para el registro de candidaturas a cargos de elección popular para quienes cuenten con condenas o sanciones mediante resolución firme por delitos contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, o se encuentren inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
La diputada Quiroga Anguiano reconoció que se contribuye a la construcción de un entorno en que las mujeres ejerzan sus derechos sin miedo ni violencia, y recalcó que este avance es resultado de una larga lucha feminista para evitar que un agresor llegue al poder.
