La Secretaría de Gobernación hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a respetar la Constitución, respetar la división de poderes y no excederse en sus facultades, al tratar de invalidar el artículo 19 constitucional y ordenar a todos los jueces del país en aplicar la prisión preventiva de oficio.
Además, la secretaria de Gobernación, Luis María Alcalde Luján, dijo se deben considerar las graves consecuencias que traería eliminar la prisión preventiva oficiosa para la seguridad nacional en las circunstancias actuales, “y que valoren atacar mejor uno de los problemas de fondo, que es la enorme tardanza de las resoluciones, de sus asuntos que hemos denunciado en este espacio en múltiples ocasiones”.
En conferencia de prensa, la encargada de la política interior mencionó que la Corte está proponiendo invalidar el artículo 19 Constitucional y ordenar a todos los jueces del país en aplicar la prisión preventiva de oficio, a partir de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una instancia judicial internacional que pertenece a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, en donde condena México y resuelve que se deben adecuar las leyes, incluyendo la Constitución para eliminar la prisión preventiva.
“Aunque esta resolución, por parte de la Corte Interamericana, en realidad obliga a todo el Estado mexicano en su conjunto, la Corte atrajo la sentencia oficiosamente para interpretarla y ordenar unilateralmente como México debe darle cumplimiento sin que se tome en cuenta otras instituciones -una obvia- sería el Congreso de la Unión, quien debería analizar la posibilidad de estas modificaciones”, agregó.
Por ello, aseguró la Suprema Corte no solo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país.
Además, Alcalde Luján dio a conocer que el gabinete de seguridad le envío una carta a todas las y los ministras para plantearles cuáles son las preocupaciones y en lo que esta decisión impactaría a la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy.
“Estamos hablando de 11 mil 640 acusados de homicidio, 7 mil 150 acusados de secuestro, 5 mil 617 de violación, 4 mil 013 de narcotráfico y narcomenudeo, 3 mil 800 de portación de armamento y explosivos, mil 405 de feminicidio, mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 por delincuencia organizada”, anotó.
Mencionó que, en el caso de México, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y se ejerce a través de los Poderes del Estado y de sus representantes populares, “conforme al pacto federal que establece nuestra Constitución, es decir, ningún Estado, gobierno, organismo o tribunal extranjero puede ordenarle a México modificar su Constitución, modificar su régimen político, ni su forma de gobierno”.
“Hacerlo sería un acto inadmisible de injerencia, ¿y a quién le toca defender nuestra Constitución? Precisamente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque, aunque la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma jerarquía y deben interpretarse todos de manera armónica, cuando una norma internacional se opone a una norma constitucional debe prevalecer siempre nuestra Constitución”, resaltó.
Finalmente, denunció que la Suprema Corte se excede al anular una disposición constitucional, cuando la única facultada para reformar o para eliminar un artículo de la Constitución es el Congreso de la Unión, a través de los diputados y los senadores con dos terceras partes, con la ratificación de la mayoría de los congresos locales, nos parece que esta decisión, el poder judicial es asumirse como el gran poder de los poderes.
