La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó diversas disposiciones de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión relacionadas con la conservación de datos de usuarios, geolocalización en tiempo real y entrega de información a las autoridades, al determinar que estas medidas son constitucionales siempre que estén sujetas a control judicial y protección de datos personales.
El máximo tribunal precisó que la obligación de las empresas de telecomunicaciones no implica conservar el contenido de las comunicaciones, sino únicamente información asociada a la prestación del servicio. Además, estableció que cualquier acceso de las autoridades a esos datos deberá contar con una autorización judicial fundada y motivada, en apego al artículo 16 de la Constitución.
La Corte también reiteró que la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles no constituye una intervención de comunicaciones privadas, ya que únicamente permite conocer la ubicación aproximada de un equipo y no el contenido de conversaciones o mensajes. No obstante, subrayó que esta facultad también debe estar respaldada por una orden judicial.
En otro asunto, el Pleno fortaleció los derechos de las víctimas dentro de los procesos penales al validar una disposición del Código Nacional de Procedimientos Penales que permite solicitar aclaraciones sobre las imputaciones formuladas por el Ministerio Público.
La SCJN determinó que esta facultad no sólo corresponde a la persona imputada y su defensa, sino también a las víctimas y sus asesores jurídicos, garantizando así condiciones de igualdad procesal y una participación efectiva durante el procedimiento.
El criterio surgió a partir de un caso relacionado con una denuncia por violación sexual contra una adolescente en la Ciudad de México. Al revisar el expediente, la Corte concluyó que las autoridades judiciales deben valorar las declaraciones de las víctimas con perspectiva de género, infancia e interseccionalidad, especialmente en delitos sexuales, donde estos testimonios suelen ser elementos probatorios fundamentales.
Asimismo, recordó que para vincular a una persona a proceso no se requiere el mismo nivel de certeza que para dictar una sentencia condenatoria, sino únicamente datos suficientes que permitan presumir razonablemente la posible comisión de un delito y la participación del imputado.
Con estas resoluciones, la SCJN delimitó los alcances del acceso a datos de telecomunicaciones bajo supervisión judicial y reforzó las garantías de participación y protección para las víctimas dentro del sistema de justicia penal.
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