La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presentó un informe en el que expone una presunta red de empresas vinculadas a los hermanos José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Francisco Hernández Casillas, la cual habría obtenido contratos electorales por 2 mil 740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025 a través de diversos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).
Los antecedentes de esta red se remontan a la década de los años ochenta y detalla la evolución de empresas y relaciones que posteriormente participaron como proveedoras de material y servicios electorales.
Según el informe, entre 2015 y 2023, distintas empresas presuntamente vinculadas a los hermanos recibieron contratos por 2 mil 094 millones de pesos en 23 de los 32 organismos electorales locales del país. Además, entre 2024 y 2025, la misma red habría obtenido otros 646.3 millones de pesos en contratos con 15 OPLEs.
El reporte identifica empresas como Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Formas Finas Fernando Fernández como parte de la estructura empresarial señalada.
Asimismo, el documento expone un presunto esquema de simulación de competencia en licitaciones públicas mediante la participación de empresas vinculadas entre sí, así como supuestos nexos entre proveedores y exservidores públicos.
Entre los hallazgos presentados, la dependencia señala posibles prácticas relacionadas con el uso de empresas fachada, prestanombres, compañías sin capacidad operativa suficiente y presuntas operaciones con empresas factureras. El documento aclara que estos elementos forman parte de las investigaciones y líneas de análisis expuestas en el informe.
Como parte de las acciones propuestas, el informe plantea la intervención de diversas autoridades, entre ellas la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar posibles irregularidades en la asignación de contratos; la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el SAT para indagar eventuales operaciones financieras irregulares; así como la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar probables responsabilidades penales.
El documento forma parte de los trabajos de revisión y fiscalización relacionados con contrataciones en materia electoral y expone información que, de acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, deberá ser analizada por las instancias competentes para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.
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