-La diputada Nora Yessica Merino Escamilla, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa para prohibir la gestación subrogada en México y establecer diversas sanciones penales contra quienes participen en esta práctica, incluyendo intermediarios, contratantes, personal médico y fedatarios públicos.-
La propuesta plantea reformas a la Ley General de Salud, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y al Código Penal Federal, con el objetivo de considerar ilícita cualquier modalidad de gestación subrogada, exista o no una contraprestación económica.
Entre las medidas contempladas destaca una pena de seis a 17 años de prisión para quienes promuevan, faciliten, financien, publiciten o intermedien estos procedimientos, así como para las personas que busquen obtener la entrega de un recién nacido mediante este tipo de acuerdos.
Asimismo, se propone sancionar con entre cuatro y nueve años de cárcel a responsables de clínicas, hospitales o establecimientos donde se practique la gestación subrogada, además de multas económicas y la clausura definitiva de los inmuebles involucrados.
La iniciativa también incorpora la figura de “explotación reproductiva” dentro de los delitos de trata de personas. En este sentido, establece penas de 15 a 25 años de prisión para quienes contraten, recluten, trasladen o retengan a una mujer con el propósito de gestar a una persona para su posterior entrega a terceros.
Las sanciones podrían aumentar hasta en una mitad cuando las mujeres gestantes sean menores de edad, pertenezcan a comunidades indígenas o afromexicanas, se encuentren en situación de pobreza, migración o vulnerabilidad, o cuando intervengan servidores públicos o integrantes de la delincuencia organizada.
El proyecto también prevé castigos de ocho a 15 años de prisión para quienes entreguen o reciban a un recién nacido derivado de un acuerdo de gestación subrogada, así como para quienes falsifiquen registros de nacimiento o simulen partos con ese fin.
La legisladora subraya que las mujeres gestantes no serán consideradas responsables penales, sino víctimas con derecho a medidas de protección, asistencia y reparación del daño.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Salud y de Justicia para su análisis y dictamen, mientras que la Comisión de Derechos Humanos emitirá la opinión correspondiente.
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