Para frenar el robo de energía eléctrica destinado a la minería ilegal de criptomonedas, el diputado Alberto Martínez Urincho (Morena) presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar el Código Penal Federal. La propuesta busca castigar el llamado “huachicol eléctrico” con penas de cinco a 12 años de prisión, además de multas que van de mil a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), tipificando el uso no autorizado de las redes del Sistema Eléctrico Nacional para alimentar infraestructura tecnológica de activos virtuales.
El proyecto legislativo, dado a conocer en la sesión del pasado 26 de octubre, contempla adicionar un Artículo 368 Sextus a dicho ordenamiento para sancionar a quienes aprovechen, enajenen, trafiquen o alteren la electricidad para el procesamiento masivo de datos o resolución de algoritmos criptográficos.
Asimismo, las sanciones podrían incrementarse hasta en una mitad si la conducta se realiza mediante el acoplamiento directo a líneas de media o alta tensión, si se provoca una afectación en la calidad e interrupción del suministro, o si los centros de procesamiento operan de manera clandestina.
Finalmente, el documento establece que las autoridades competentes decretarán el decomiso de los instrumentos, objetos y equipos informáticos utilizados para cometer el ilícito, conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con esta medida, basada en diagnósticos sobre el alto consumo energético que demanda la validación de transacciones en activos digitales, se busca proteger la infraestructura eléctrica nacional y sancionar severamente las operaciones clandestinas que afectan el servicio público.