La actuación de elementos de seguridad durante una manifestación por el acceso al agua en Jalisco ha generado una nueva ola de cuestionamientos al gobierno estatal. Legisladores de oposición y colectivos ciudadanos exigieron la renuncia inmediata del secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández González, luego de las denuncias por presuntos actos de tortura, abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza registrados durante la protesta realizada el pasado 11 de octubre frente a Casa Jalisco.
Las bancadas de Morena, Hagamos, Futuro y PT señalaron que los hechos no pueden limitarse a sanciones individuales contra los policías involucrados, sino que deben investigarse las posibles responsabilidades de mando que habrían permitido la actuación represiva contra los manifestantes. Por ello, solicitaron iniciar procesos de separación del cargo contra las personas funcionarias responsables y garantizar la reparación integral del daño a las víctimas.
La exigencia surgió después de que el titular de Seguridad informara que 17 policías han sido identificados y serán llamados a declarar por presuntamente haber actuado fuera de los protocolos establecidos, reaccionar de manera desproporcionada y hacer un uso indebido de la fuerza. Sin embargo, el funcionario evitó reconocer que las acciones hubieran respondido a instrucciones provenientes de mandos superiores.
Los reclamos también alcanzan al Poder Judicial local. El bloque opositor pidió que se revisen y desechen las imputaciones realizadas contra las personas detenidas durante la manifestación, algunas de las cuales fueron vinculadas a proceso mientras que otras permanecen en libertad bajo reservas de ley.
La presión política se ha visto acompañada por la movilización de diversos colectivos ciudadanos, que este jueves acudieron al Congreso del Estado para demandar justicia y exigir que tanto los agentes que participaron directamente en los hechos como quienes habrían dado las órdenes sean investigados y sancionados conforme a la ley.
Además de denunciar los presuntos abusos, las organizaciones reiteraron su rechazo a cualquier intento de privatización del servicio de agua en la entidad. En este contexto, convocaron a una nueva megamarcha programada para el próximo domingo, con salida desde el Parque Revolución, conocido como Parque Rojo, y destino al Palacio de Gobierno.
El caso ha colocado nuevamente en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de corporaciones policiales durante manifestaciones sociales, así como la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión en contextos de protesta ciudadana.