El feminicidio continúa siendo uno de los mayores desafíos para las instituciones del Estado mexicano. Ante esta realidad, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, subrayó la necesidad de construir una respuesta permanente y coordinada que permita prevenir, investigar y sancionar este delito con criterios homogéneos en todo el país.
En su Segundo Informe de Actividades Legislativas, el senador advirtió que México no puede normalizar la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas. Señaló que cada feminicidio representa una vida arrebatada, una familia afectada y una responsabilidad pendiente para las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el acceso a la justicia.
Por ello, destacó que uno de los temas prioritarios para el Senado de la República es la construcción de un marco jurídico único que permita homologar el tipo penal de feminicidio, definir con claridad sus elementos constitutivos y establecer sanciones comunes en todo el territorio nacional.
Como parte de este esfuerzo, recordó que la Cámara Alta aprobó la reforma al artículo 73 de la Constitución, mediante la cual se faculta al Congreso de la Unión para expedir una legislación general en materia de prevención, investigación y sanción de este delito. La intención es avanzar hacia criterios jurídicos compartidos entre las distintas entidades federativas y fortalecer la coordinación institucional.
El legislador sostuvo que el verdadero valor de la actividad parlamentaria no puede medirse únicamente por la cantidad de iniciativas o decretos aprobados, sino por la capacidad de las leyes para generar cambios positivos en la vida de las personas y responder a problemáticas que demandan atención urgente.
La discusión sobre esta legislación se ha enriquecido con la participación de especialistas, representantes de instituciones públicas, organizaciones civiles, integrantes de la academia, fiscalías, familiares de víctimas y personas sobrevivientes. Durante agosto se llevaron a cabo diversas mesas de trabajo convocadas por las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera, con el propósito de analizar y fortalecer la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Los encuentros abordaron aspectos relacionados con la prevención de la violencia feminicida, las políticas públicas necesarias para enfrentarla, las agravantes del delito, las medidas de protección para las víctimas y sus familias, la situación de niñas y niños que quedan en condición de orfandad, así como los mecanismos de coordinación institucional y los sistemas de información requeridos para mejorar la atención de estos casos.
En este contexto, durante la conferencia presidencial, la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, señaló que la Ley de Feminicidio que actualmente analiza el Senado contempla la creación de un solo tipo penal para todo el país, con el propósito de homologar la forma en que este delito es investigado, procesado y sancionado en las distintas entidades federativas.
La propuesta forma parte de los esfuerzos para consolidar una legislación nacional que permita fortalecer la coordinación entre autoridades y brindar mayor certeza jurídica en la atención de los casos de violencia feminicida.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el Gobierno de México impulsa diversas acciones de apoyo a las mujeres, entre ellas los Centros Libres de Violencia, el programa de Abogadas de las Mujeres y la estrategia Tejedoras de la Patria, además de iniciativas orientadas al reconocimiento histórico de las heroínas nacionales.
La mandataria también resaltó que una parte importante de los Programas para el Bienestar beneficia directamente a las mujeres, contribuyendo a fortalecer su autonomía, ampliar sus oportunidades y avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria.
Con estos trabajos legislativos y acciones institucionales, el Senado busca sentar las bases de una política nacional que permita enfrentar de manera integral una de las expresiones más graves de violencia contra las mujeres, fortaleciendo las herramientas legales, la coordinación entre autoridades y el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y sus familias.