La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio luz verde a la prohibición de vender comida chatarra en todos los planteles del Sistema Educativo Nacional, incluidas las universidades, al rechazar diversos amparos promovidos por empresas que buscaban frenar la medida.
Con esta decisión, permanecerán vigentes los lineamientos que regulan la preparación, distribución y venta de alimentos y bebidas dentro de los centros escolares, una política impulsada para combatir los altos índices de sobrepeso y obesidad que afectan a la población mexicana.
Las empresas que promovieron los recursos legales argumentaron que las restricciones vulneraban principios como la libertad de trabajo, la libre competencia y la capacidad de decisión de las personas mayores de edad sobre su alimentación. Sin embargo, las ministras y ministros concluyeron que la protección de la salud pública tiene un peso superior frente a los intereses comerciales particulares.
Durante la discusión, el ministro Giovanni Figueroa Mejía sostuvo que el derecho a una alimentación nutritiva y de calidad está reconocido para todas las personas, sin distinguir entre menores y adultos. En esa misma línea, el ministro Irving Espinosa Betanzos señaló que la medida no impide a nadie consumir determinados productos, sino que regula lo que puede comercializarse dentro de espacios educativos cuya organización corresponde al Estado.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, destacó que el sobrepeso y la obesidad representan uno de los mayores desafíos de salud pública en México. Recordó que estos problemas afectan a una amplia proporción de la población y advirtió que las cifras han mantenido una tendencia creciente durante las últimas décadas.
Aunque la resolución fue aprobada por unanimidad, el debate abrió diferencias respecto a la aplicación de los lineamientos en universidades autónomas. La ministra Yasmín Esquivel expresó reservas sobre la posibilidad de que instituciones como la UNAM sean sujetas a disposiciones que, a su juicio, podrían interferir con su autonomía.
En contraste, las ministras María Estela Ríos y Lenia Batres defendieron que la autonomía universitaria no exime del cumplimiento de normas relacionadas con la salud pública y señalaron que las disposiciones están dirigidas principalmente a quienes comercializan productos dentro de los planteles educativos.
Tras conocerse la resolución, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, celebró el fallo al considerar que fortalece la construcción de entornos escolares más saludables y garantiza la aplicación uniforme de los lineamientos en todos los niveles educativos.
La decisión de la Corte consolida una de las políticas más relevantes impulsadas en los últimos años para mejorar los hábitos alimenticios dentro de las escuelas y reforzar las acciones de prevención frente a enfermedades asociadas con el consumo excesivo de productos ultraprocesados.