Guanajuato. La polémica generada por el anunciado aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en una planta de almacenamiento ubicada en San José de Iturbide sumó un nuevo capítulo luego de que trascendiera la presunta salida de Juan Francisco Vera como delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato.
Hasta el momento, la FGR no ha confirmado oficialmente la destitución o relevo del funcionario, por lo que la información permanece en el terreno de versiones extraoficiales.
El caso se remonta al pasado 17 de septiembre, cuando autoridades estatales y la propia FGR informaron sobre lo que fue presentado como un histórico aseguramiento de combustible presuntamente ilegal en instalaciones de la empresa SIMSA, un anuncio realizado un día antes de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Guanajuato.
Sin embargo, con el paso de los días surgieron cuestionamientos en torno al operativo. La empresa señaló que el combustible almacenado no era de su propiedad, sino de distintas compañías que contaban con permisos y documentación para su resguardo. Además, hasta ahora las autoridades no han acreditado públicamente que los hidrocarburos asegurados tengan un origen ilícito.
También se informó que la intervención en las instalaciones ocurrió el 4 de septiembre y que la planta retomó operaciones de manera normal el día 10, una semana antes de que se anunciara oficialmente el supuesto decomiso.
El pasado fin de semana, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo la investigación, en un movimiento que representa un giro en el caso y que busca determinar tanto la situación jurídica del combustible como las actuaciones realizadas durante el operativo.
Juan Francisco Vera asumió la delegación de la FGR en Guanajuato en enero de este año, tras la salida de Gerardo Vázquez Alatriste, actual fiscal general del estado. Previamente se desempeñó como director de Análisis Criminal, Apoyo a la Investigación y Persecución del Delito en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana durante la gestión de Omar García Harfuch.
Mientras continúan las indagatorias, persisten dudas sobre la legalidad del combustible asegurado y sobre las circunstancias en que fue presentado públicamente como uno de los mayores golpes contra el huachicol en la entidad. Por ahora, la eventual salida del delegado tampoco ha sido confirmada de manera oficial por la Fiscalía General de la República.