-La Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada una reforma constitucional que establece restricciones en materia de doble nacionalidad para quienes aspiren a la Presidencia de la República, gubernaturas estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La minuta fue enviada al Senado para continuar con el proceso legislativo.-
Con 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención, el pleno de San Lázaro avaló en lo general y en lo particular el dictamen que reforma y adiciona los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, derivado de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La propuesta establece que quienes ejerzan la titularidad de la Presidencia de la República o una gubernatura no podrán adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridades extranjeras una distinta a la mexicana. Asimismo, contempla restricciones relacionadas con el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otros Estados, así como el ejercicio de derechos políticos ante gobiernos extranjeros.
En el caso de la Ciudad de México, se fija como requisito para aspirar a la Jefatura de Gobierno ser mexicano por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad. Quienes cuenten con una segunda nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos, conforme a lo que establezca la ley.
Durante la discusión en lo particular, legisladores de Morena, PAN, PRI, PT y Movimiento Ciudadano presentaron diversas reservas al proyecto. Sin embargo, estas fueron retiradas, enviadas al Diario de los Debates o desechadas al no ser admitidas para discusión.
El régimen transitorio señala que, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto entrará en vigor al día siguiente. No obstante, sus disposiciones serán aplicables a partir del proceso electoral de 2028. Además, no afectarán a quienes ya se encuentren desempeñando los cargos señalados al momento de su entrada en vigor.
La reforma también establece que el Congreso de la Unión deberá adecuar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral correspondiente dentro de los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto.
Con esta aprobación, la iniciativa avanza a la Cámara de Senadores, donde continuará su análisis y eventual votación como parte del proceso de reforma constitucional.
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