La Fiscalía General de la República (FGR) informó avances en la investigación de una presunta red criminal dedicada al contrabando de combustible, conocida como “huachicol fiscal”, que operaba mediante la importación ilegal de hidrocarburos, el uso de documentación alterada y una red de complicidades en distintas áreas relacionadas con la operación aduanera y marítima del país.
De acuerdo con la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, las indagatorias derivaron del aseguramiento de 10 millones de litros de diésel localizados en un buque en el puerto de Altamira, Tamaulipas. A partir de ese hecho, las autoridades identificaron una estructura que presuntamente contaba con la capacidad de importar, almacenar, trasladar y distribuir combustible ingresado de manera irregular al territorio nacional.
Las investigaciones señalan como presuntos operadores de la red a Manuel Roberto “N” y Fernando “N”, conocidos como “Los Primos”, quienes habrían participado junto con otras personas en una cadena de actividades ilícitas que incluía la manipulación de procesos aduanales, el pago de sobornos y la alteración de registros para facilitar el ingreso del combustible al país.
La FGR indicó que durante un cateo realizado en una bodega arrendada por uno de los investigados en la Ciudad de México fueron localizados documentos relacionados con aduanas marítimas, expedientes de personal naval, información clasificada de seguridad nacional, armas sin registro y diversos bienes de lujo. Asimismo, las autoridades detectaron operaciones vinculadas con esta red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México.
Según la investigación, el combustible era transportado principalmente desde Texas y declarado bajo conceptos distintos para modificar su tratamiento fiscal. Posteriormente, era distribuido mediante empresas formalmente constituidas y una red de compañías fachada que presuntamente permitían ocultar el origen de los recursos obtenidos. La Fiscalía aseguró que las investigaciones continúan y reiteró que toda persona involucrada en actividades ilícitas deberá responder ante la justicia.
