Meta, propietaria de Facebook e Instagram, alcanzó un acuerdo con 47 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia y varios territorios para resolver un juicio federal que la acusaba de exponer a menores a funciones diseñadas para fomentar un uso adictivo de sus plataformas. Como parte del pacto, la compañía pagará una multa de 17 mil millones de dólares y aplicará medidas inéditas para limitar el tiempo y la forma en que los adolescentes usan sus redes sociales.
Entre los compromisos más relevantes está la restricción de uso a dos horas diarias —o incluso una, si sus rivales aceptan el mismo límite—, el bloqueo de acceso nocturno y la reducción de notificaciones durante el horario escolar. Además, los jóvenes podrán configurar sus cuentas para desactivar el algoritmo de recomendación y ver únicamente contenido de las personas que siguen. Se elimina el “scroll infinito” y se obliga a hacer gestos para pasar de un video a otro.
Las medidas también buscan proteger la salud mental: se ocultará el número de “likes”, se eliminarán filtros que simulen cirugías estéticas y se reforzarán los controles parentales, la verificación de edad y el bloqueo de mensajes de extraños.
El acuerdo surge tras denuncias de fiscales generales que acusaban a Meta de fomentar patrones adictivos y usar datos de menores con fines comerciales. La empresa pretende que estas reglas se extiendan a toda la industria, especialmente a TikTok y YouTube, y ha condicionado parte del pago de la multa a que sus competidores adopten compromisos similares.
La noticia fue bien recibida en los mercados: las acciones de Meta subieron más de 1% tras el anuncio, al disipar uno de sus principales riesgos legales. Sin embargo, persisten dudas sobre el impacto en su negocio publicitario y sobre si estas medidas se replicarán en Europa, donde la Comisión Europea ya cuestionó la protección ofrecida a adolescentes bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA).
Con este giro, Meta busca adelantarse a propuestas de prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, como la que ya aplica Australia y que otros países, como España y Francia, han considerado.