El Gobierno del Presidente Donald Trump, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), lanzó una convocatoria para contratar a una empresa privada que localice en México, Honduras y Guatemala a migrantes deportados o que regresaron voluntariamente a sus países.
El objetivo del contrato es identificar y contactar a estas personas para exigir el pago de multas migratorias pendientes derivadas de violaciones a las Leyes de inmigración de Estados Unidos.
La medida forma parte de la estrategia de la administración estadounidense para reforzar la aplicación de sanciones migratorias y recuperar adeudos de personas que fueron expulsadas o abandonaron el país tras enfrentar procesos migratorios.