El Gobierno de México, en coordinación con el sector privado, firmó el Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate, con el objetivo de garantizar condiciones equitativas para productores, estabilidad en el mercado y precios accesibles para la población.
Este acuerdo contempla la participación de diversas instituciones, entre ellas AGRICULTURA, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, FIRA, Profeco, Senasica e INIFAP, así como programas como Escuelas de Campo y Sembrando Vida, en un esfuerzo conjunto para fortalecer la cadena productiva.
El instrumento beneficiará a más de 12 mil productoras y productores de pequeña y mediana escala, quienes cultivan al menos 3.7 millones de toneladas de jitomate en más de 50 mil hectáreas, destinando aproximadamente la mitad de su producción a la exportación.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el acuerdo busca vincular directamente a productores con compradores, promoviendo una relación más equilibrada que contribuya a la prosperidad compartida en el sector agrícola.
Como parte de las acciones, AGRICULTURA pondrá en marcha una plataforma digital de planeación que permitirá alinear la producción con la demanda nacional y los compromisos de exportación, mediante mecanismos como avisos de siembra para lograr un mejor equilibrio del mercado.
Asimismo, las y los productores tendrán acceso a créditos, capacitación, asistencia técnica y a insumos básicos como semillas, fertilizantes y equipo, además de acompañamiento en sanidad e inocuidad de cultivos.
Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor vigilará el comportamiento de los precios en los puntos de venta, con el fin de asegurar que los beneficios del acuerdo se reflejen en la economía de las familias mexicanas.
La titular de AGRICULTURA, Columba Jazmín López Gutiérrez, señaló que este mecanismo permitirá estabilizar el mercado del jitomate tras afectaciones recientes por fenómenos climáticos y plagas, destacando la importancia de este cultivo como parte de la riqueza agrobiológica de México.
Este acuerdo voluntario representa un esfuerzo de coordinación entre sectores público, productivo, comercial, académico y de investigación, orientado a fortalecer el abasto, proteger la economía familiar y asegurar condiciones dignas para las y los productores del país.
