El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, presentó la Nueva Ley de Cine y el Audiovisual, junto con reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal del Derecho de Autor, con el objetivo de actualizar el marco legal del sector y responder a los cambios tecnológicos, económicos y culturales de las últimas décadas, tras más de 30 años sin una reforma integral en la materia.
La nueva legislación incorpora un enfoque de derechos culturales, con énfasis en la inclusión, la libertad creativa y el reconocimiento del ecosistema audiovisual completo, que abarca el cine, el audiovisual, las plataformas digitales y los entornos tecnológicos. Asimismo, reafirma el compromiso del Estado con el fomento al cine y al audiovisual, al integrar el Fomento al Cine Mexicano (FOCINE) dentro de la ley y establecer su crecimiento progresivo como política pública.
Entre los principales cambios, se mantiene el 10 por ciento de exhibición de cine nacional en salas, precisando su aplicación con horarios equitativos y un mínimo de 14 días en cartelera. Además, se garantiza una mayor visibilidad del cine mexicano en plataformas digitales, mediante secciones relevantes y de fácil acceso, y se introducen derechos de las y los espectadores, priorizando el acceso inclusivo a las obras cinematográficas. La ley también consolida la preservación del patrimonio audiovisual como una política de Estado permanente.
En cuanto a las reformas a las leyes laboral y de derechos de autor, se reconoce la voz y la imagen como elementos protegidos del trabajo artístico, fundamentales para la identidad de las personas intérpretes. Se prohíbe su uso o clonación sin consentimiento, con el fin de evitar la sustitución indebida de la labor profesional humana, particularmente frente al avance de la Inteligencia Artificial. Asimismo, se establecen condiciones contractuales claras para el uso tecnológico de la voz y la imagen, diferenciando entre suplantación indebida y usos legítimos como la parodia o la sátira.
Las reformas también buscan fortalecer la certeza jurídica, prevenir abusos contractuales y usos no autorizados, y proteger la fuente de trabajo de las personas creadoras, permitiendo que el desarrollo tecnológico avance con una perspectiva de derechos humanos, sin afectar a intérpretes y ejecutantes.
Con esta iniciativa, el Estado mexicano busca consolidar un marco legal moderno, incluyente y equitativo, que impulse la creación audiovisual nacional, proteja a las personas trabajadoras de la cultura y asegure que la innovación tecnológica se desarrolle de manera responsable y justa.
