SCJN fija criterios sobre privacidad digital y acceso a la justicia

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió diversos asuntos relevantes en materia de privacidad digital, derecho penal y justicia civil, al sesionar el 8 de abril de 2026. En uno de los casos, el Máximo Tribunal determinó que el fraude conocido como SIM swapping constituye un ilícito grave que vulnera la privacidad, los datos personales y la seguridad patrimonial. El caso derivó de una usuaria en la Ciudad de México cuya línea telefónica fue entregada a un tercero por negligencia de la compañía, lo que permitió el acceso a sus cuentas digitales y la difusión de contenido íntimo.

La Corte concluyó que la empresa incurrió en responsabilidad civil por no cumplir con los estándares de verificación necesarios al reponer la tarjeta SIM, y ordenó fijar una indemnización por daño moral. Además, estableció que las compañías telefónicas deben aplicar medidas estrictas de identificación y seguridad, y juzgar estos casos con perspectiva de género, evitando la revictimización. En otro asunto, el Pleno validó el delito de peculado previsto en el Código Penal de Colima, al considerar que está claramente definido. Sin embargo, invalidó su carácter imprescriptible, al señalar que esta figura debe reservarse únicamente para delitos graves contra la humanidad. Asimismo, la SCJN confirmó que en juicios civiles solo se puede ampliar la demanda una vez, con el fin de evitar procesos interminables y garantizar una justicia pronta.

En materia penal, también resolvió que un tribunal de apelación debe ser imparcial, por lo que no es válido que las mismas personas juzgadoras revisen reiteradamente una misma causa, debido al riesgo de parcialidad. Finalmente, el Tribunal determinó que la procedencia de la vía en un juicio debe analizarse de oficio antes de resolver el fondo del asunto, al ser un requisito clave para garantizar un proceso justo. Con estas resoluciones, la SCJN refuerza la protección de derechos como la privacidad, la imparcialidad judicial y el acceso efectivo a la justicia en México.

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