La iniciativa de Reforma Electoral Constitucional impulsada por el Gobierno de México tiene como objetivo central reducir privilegios, ampliar los derechos democráticos y fortalecer la participación ciudadana, bajo los principios de la Austeridad Republicana.
Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó la propuesta durante la Conferencia del Pueblo, destacando la necesidad de disminuir costos en el sistema electoral y devolver al pueblo un papel central en la toma de decisiones. “El pueblo pone y el pueblo quita; siempre será el pueblo el que decida”, afirmó.
Entre los principales cambios, se plantea reducir el costo de los congresos locales, estableciendo entre siete y 15 regidurías por municipio y una sola sindicatura. Los recursos ahorrados se destinarán a obras de infraestructura pública en municipios y entidades federativas.
La iniciativa también establece que los funcionarios del INE, tribunales electorales y OPLE no podrán percibir salarios mayores al de la Presidenta de México. Asimismo, el Senado aplicará una reducción progresiva del gasto hasta alcanzar un 15%.
En materia de participación ciudadana, se propone que el ejercicio de Revocación de Mandato se realice el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno. Finalmente, la reforma contempla modificaciones a leyes clave, como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.
