Hace unos días, el mundo presenció un hecho sin precedentes: una invasión en Venezuela y la detención de su presidente. Estas acciones constituyen una violación al derecho internacional y sientan un precedente peligroso, no solo para el continente americano, sino para el mundo entero.
El tema de fondo no es el secuestro, es la catástrofe humanitaria que está por comenzar, así como la disolución de un Estado funcional en medio de la incertidumbre política. Esto no lo afirmamos de manera aleatoria: ya se tiene experiencia de casos anteriores.
La invasión a Irak en 2003 se sustentó en la supuesta existencia de armas de destrucción masiva que nunca fueron encontradas.
La guerra de Vietnam escaló a partir de un incidente posteriormente reconocido como un montaje.
La invasión a Afganistán se justificó por los atentados del 11 de septiembre, perpetrados por una organización terrorista y no por un Estado.
El derrocamiento de Muamar Gadafi en Libia se avaló con el argumento de un genocidio inminente que jamás fue probado.
La invasión a Panamá y el derrocamiento de Manuel Noriega se justificaron bajo el argumento del combate al narcotráfico, lo cual nunca se probó, pese a que Noriega había sido durante años un aliado de Estados Unidos.
En todos estos casos, las justificaciones del intervencionismo militar han resultado falsas o insostenibles, y ninguna de estas acciones ha significado una mejora para las poblaciones afectadas; por el contrario, han generado mayor violencia, desestabilización, pobreza y verdaderas crisis humanitarias, como está por suceder en Venezuela.
La situación de Venezuela, que podría replicarse ahora en Cuba, antoja difícil que pueda prosperar sin un respaldo internacional sólido, lo que obliga a repensar profundamente el papel y el rumbo de la izquierda a nivel latinoamericano.
En los últimos años, algunos gobiernos de izquierda en América Latina han mostrado un desgaste político, perdiendo credibilidad ante amplios sectores de la ciudadanía, lo cual ha fortalecido a la derecha, que ha sabido capitalizar el descontento económico, la crisis de gobernabilidad y el hartazgo frente a algunos modelos percibidos como autoritarios o ineficientes.
En este contexto, la izquierda enfrenta el desafío de renovarse, distanciarse de experiencias fallidas y reconstruir una agenda democrática y socialmente viable si aspira a recuperar influencia y legitimidad en América Latina.
La responsabilidad de México resulta hoy fundamental: el papel que asuma durante esta crisis será determinante no solo para el futuro inmediato de la región, sino también para el equilibrio político de América Latina en su conjunto. El país enfrenta una carga histórica ineludible que comparte con Brasil: la de contribuir a la supervivencia, renovación y vigencia de la izquierda latinoamericana.
En este escenario, México cuenta con una ventaja decisiva: un liderazgo firme, con visión de Estado y legitimidad popular bajo la conducción de la presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum. Con su liderazgo, México no solo puede consolidarse como un referente regional, sino también como un actor indispensable para promover soluciones pacíficas, dignas y colaborativas que beneficien a América Latina en estos tiempos de grave incertidumbre.
