La Secretaría de Relaciones Exteriores informó en redes sociales que los seis mexicanos que participaron en la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza, para llevar ayuda humanitaria, y que fueron detenidos por fuerzas israelíes, llegaron al puerto de Ashdod y de ahí serán transferidos, junto con todos los participantes en la Flotilla, al centro de detención de Ketziot.
La Cancillería indicó que funcionarios de la embajada de México en Israel acudieron a ese puerto “para verificar de manera directa las condiciones en el terreno, solicitar el acceso consular y asegurar que se respete su seguridad y su integridad, de conformidad con el derecho internacional aplicable”.
También aseguró que velará por los derechos de las y los connacionales que viajaban en la Global Sumud Flotilla (GSF) con ayuda humanitaria para Gaza, quienes fueron interceptados y detenidos por el régimen de Israel.
De igual modo informó que procurará, “por todos los medios legales y diplomáticos posibles”, su pronto regreso a México.
Explicó que hasta ahora se han enviado cuatro notas diplomáticas al gobierno israelí y se han sostenido entrevistas con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, a fin de garantizar la integridad física y el respeto a los derechos de las personas mexicanas.
También solicitaron que el régimen de Benjamin Netanyahu brinde garantías e información sobre las razones o circunstancias que se imputan a los connacionales, y con base en ello la representación diplomática de México les pueda brindar la asistencia consular que permita su inmediata repatriación a nuestro país.
Además, la dependencia aseguró que ha mantenido en contacto permanente con todas y todos los mexicanos capturados desde que zarpó la Flotilla.
“La SRE seguirá dando puntual seguimiento a este lamentable suceso, velando por los derechos de las y los connacionales detenidos y procurando, por todos los medios legales y diplomáticos posibles, su pronto regreso a nuestro país. La SRE reitera que la asistencia humanitaria no significa la comisión de delito alguno, por el contrario, constituye una obligación para todas las partes en conflictos armados y es una expresión de la solidaridad de la comunidad internacional”, indicó.
