En el Congreso de la Ciudad de México se aprobó un exhorto al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y a la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), a fin de que realicen inspecciones a las rutas del transporte concesionado y, en caso de encontrar irregularidades, impongan las sanciones administrativas correspondientes con el propósito de acabar con los abusos en las tarifas del transporte concesionado en las alcaldías Xochimilco y Milpa Alta.
La propuesta fue realizada por la diputada local de Morena, Juana María Juárez López, quien evidenció los abusos que sufren los usuarios del transporte público concesionado en dichas alcaldías y expuso que “durante años nuestras comunidades han enfrentado una realidad desafiante en materia de movilidad. Mientras que, en zonas céntricas y mejor conectadas a la capital, el Metro, Metrobús y Trolebús, sin duda, ofrecen traslados más accesibles, a diferencia de algunas regiones de Xochimilco y Milpa Alta, donde los microbuses y vagonetas concesionadas representan la única opción de traslado para llegar al trabajo, la escuela o en caso de urgencia, al hospital”.
La legisladora comentó que en la Ruta 100, que conecta comunidades de Milpa Alta con el centro de Xochimilco, se han registrado cobros de hasta 15 pesos por pasaje, sin tarifas visibles ni regulación oficial y subrayó que la situación es aún más grave en el caso de la Ruta 20 que es transitada únicamente en la alcaldía Xochimilco y operada por vagonetas, cubriendo el trayecto como primera base entre Santiago Tulyehualco, al centro de Xochimilco, específicamente al embarcadero Fernando Celada, siendo esta su otra base.
Además, enfatizó que la Constitución de la Ciudad de México reconoce el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia y equidad, por lo que cualquier violación a este principio atenta contra la legalidad y los derechos humanos.
En ese sentido, también llamó a la Secretaría de Movilidad a que difunda de manera clara y amplia las tarifas autorizadas para el transporte público concesionado y fortalezca los canales de denuncia ciudadana ante abusos o irregularidades.
“Vivir lejos del centro de la ciudad no implica pagar una tarifa desproporcionada o elevada. Al contrario, que se vigilen y regulen las tarifas para garantizar la equidad y la justicia para toda la ciudadanía, así como también para los grupos vulnerables que tienen derecho a las tarifas preferentes, aunque se trate de transporte concesionado es transporte público y se deben respetar dichas tarifas a bajo costo”, expresó la diputada morenista.
