La expresidenta argentina, Cristina Kirchner (2007-2015) solicitó este miércoles cumplir su condena de seis años de prisión en su apartamento de Buenos Aires, luego de que la Corte Suprema confirmara el fallo en su contra por fraude en la administración de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. La decisión judicial también la inhabilitó de por vida para ocupar cargos públicos.
Mientras su defensa denunció “persecución política” ante la Corte Penal Internacional (CPI), simpatizantes de la líder peronista se congregaron en las calles para expresar su indignación. La Corte le otorgó cinco días hábiles para presentarse ante las autoridades, pero sus abogados argumentaron que, por su edad (72 años) y antecedentes de seguridad, debería recibir prisión domiciliaria.
El abogado Carlos Beraldi, representante de Kirchner, sostuvo que su cliente solo pide lo que establece la ley para mayores de 70 años.
“No estamos pidiendo privilegios, sino que se le dé el mismo tratamiento que a cualquier otra persona en la misma situación jurídica”, declaró ante la prensa.
Además, recordó el atentado que sufrió Kirchner en 2022, cuando un hombre apuntó con una pistola a su cabeza sin que el arma disparara, y subrayó que “los autores intelectuales siguen sin ser identificados”, lo que justificaría medidas de protección especiales.
En paralelo, el letrado Gregorio Dalbón viajó a La Haya para presentar una queja ante la Corte Penal Internacional, acusando al proceso judicial de ser una “maniobra política” para eliminar a la principal opositora del gobierno de Javier Milei.
“Esta condena es el resultado de un proceso viciado, direccionado desde su origen para lograr un objetivo político: proscribir a la mujer que más veces ganó en las urnas desde la recuperación democrática”, escribió Dalbón en X (antes Twitter), anunciando que también acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La exmandataria, quien siempre ha negado los cargos, calificó de “monigotes” a los tres jueces que avalaron su condena y aseguró ante una multitud de seguidores que “la sentencia ya estaba escrita antes del juicio”.
El fallo judicial reavivó la polarización en Argentina, donde sus partidarios lo consideran un ataque judicial y sus detractores, un paso hacia la rendición de cuentas en casos de corrupción.
