El Pentágono confirmó este martes que el despliegue de cientos de militares en Los Ángeles para contener las protestas contra las redadas migratorias del gobierno federal tendrá un costo estimado de 134 millones de dólares. La medida, ordenada por el presidente Donald Trump, incluye el envío de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 infantes de Marina, sin contar con la autorización del gobernador de California, Gavin Newsom.
Los $134 millones cubrirán gastos logísticos como transporte, alojamiento y alimentación durante un período máximo de 60 días, según declaró el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ante un comité del Congreso .
Hegseth defendió el despliegue alegando que responde a una “invasión extranjera”, una “insurrección peligrosa” y la incapacidad de las fuerzas regulares para hacer cumplir la ley. Criticó a manifestantes por “agredir a agentes policiales” y ondear banderas de otros países. El gobernador Newsom calificó la decisión de “demente” y “antiamericana”, acusando a Trump de usar a las tropas con fines políticos. Además, denunció falta de coordinación y recursos básicos para los primeros efectivos desplegados.
Las manifestaciones estallaron tras las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles, donde más de 40 personas fueron detenidas. Aunque inicialmente pacíficas, las protestas derivaron en enfrentamientos con la policía, incendios de vehículos y cientos de arrestos. La alcaldesa Karen Bass insistió en que la violencia está focalizada en pocas cuadras del centro, pero advirtió que no se tolerarán actos vandálicos.
El Pentágono estableció reglas estrictas para el uso de la fuerza por parte de los Marines, prohibiendo disparos de advertencia y priorizando la desescalada. Sin embargo, persisten dudas sobre la legalidad de su intervención, ya que la Ley de Insurrección —que Trump amenazó con invocar— solo permite acciones policiales en casos extremos. Mientras tanto, California presentó una demanda para frenar el despliegue, argumentando que viola la soberanía estatal.
