Con el objetivo que generar mayor coordinación y eficacia en la implementación de mecanismos jurídicos que involucren a las alcaldías de la Ciudad de México, los municipios colindantes del Estado de México y también a la Federación, el diputado local de Morena, Alberto Vanegas Arenas, propuso dotar a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de atribuciones explícitas en materia de coordinación jurídica metropolitana.
“La Consejería Jurídica, como órgano rector de la función legal en la capital, debe estar facultada para generar, armonizar y validar mecanismos jurídicos con visión metropolitana, trabajando de la mano con los municipios colindantes, con la Federación y con las instancias nacionales de planeación”, dijo.
A través de una iniciativa que presentó al pleno del Congreso de la Ciudad de México, el legislador busca establecer mecanismos permanentes de vinculación, revisión, armonización y coordinación de instrumentos jurídicos entre la Ciudad de México y las entidades que conforman la Megalópolis: Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Esto permitiría enfrentar de manera conjunta desafíos comunes como la movilidad, la gestión de residuos y recursos hídricos, y la seguridad ciudadana.
A pesar de la interdependencia de la región, advirtió Alberto Vanegas, las estructuras normativas y administrativas actuales operan de manera fragmentada, sin un marco jurídico común que permita abordar eficazmente las problemáticas compartidas. Por ello, consideró fundamental fortalecer el papel de la Consejería Jurídica en la generación y validación de mecanismos jurídicos con visión metropolitana.
“Nuestra Constitución Política Local ya reconoce la naturaleza metropolitana de muchos de los desafíos que enfrentamos. Es momento de reflejar ese mandato constitucional en nuestras leyes secundarias y en nuestra práctica institucional cotidiana”, afirmó el legislador.
La iniciativa también contempla el acompañamiento permanente de la Consejería Jurídica con el Congreso local para la homologación de normativas que permitan la aplicación de políticas y programas regionales, asegurando su viabilidad jurídica, técnica y financiera.
