El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció la eliminación de las oficinas de justicia ambiental, encargadas de abordar la contaminación en comunidades de bajos ingresos y minoritarias en todo Estados Unidos, incluyendo zonas críticas como el llamado “Callejón del Cáncer” en Luisiana. La medida, que afectará a las 10 oficinas regionales y la sede central de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), fue confirmada el miércoles por el director de la agencia, Lee Zeldin, tras ser reportada inicialmente por The New York Times.
Zeldin justificó la decisión argumentando que, bajo el nombre de justicia ambiental, se han destinado grandes sumas de dinero a “grupos activistas de izquierda”. Además, afirmó que el presidente Trump busca “inaugurar una era dorada para todos los estadounidenses, independientemente de su raza, género u origen”. Sin embargo, la medida generó una fuerte reacción por parte de grupos ambientalistas y defensores de las comunidades afectadas.
Chitra Kumar, de la Unión de Científicos Preocupados, calificó la decisión como “abominable” y señaló que dejará a las comunidades cercanas a industrias contaminantes, tráfico que genera smog y áreas con suelos y vías fluviales contaminadas, sin el apoyo necesario para hacer cumplir las leyes ambientales. “El presidente Trump y sus aliados no se preocupan por el bienestar de los estadounidenses, solo por proteger las ganancias de quienes contaminan”, declaró Kumar.
La justicia ambiental había sido un pilar central de la agenda del expresidente demócrata Joe Biden, quien impulsó la iniciativa Justice40, destinada a asignar el 40 % de las inversiones federales en protección climática, energía limpia y vivienda asequible a comunidades históricamente marginadas. Aunque esta iniciativa fue revocada por Trump, la Ley de Reducción de la Inflación, promovida por Biden, asignó 3.000 millones de dólares a la Oficina de Justicia Ambiental y Derechos Civiles Externos, establecida en 1992 durante el mandato del expresidente George H.W. Bush.
