El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ratificó este miércoles una nueva ley que endurece las medidas contra los migrantes en situación irregular acusados de ciertos delitos, incluyendo el robo. La normativa, bautizada como “Ley Laken Riley”, establece la detención automática de aquellos migrantes que hayan cometido robo, hurto, asalto a un agente de la ley o cualquier delito que cause lesiones graves o la muerte a otra persona.
La ley lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años asesinada por un ciudadano venezolano en situación irregular que había sido buscado por robo en tiendas antes de cometer el homicidio. El responsable fue condenado a cadena perpetua. En un acto simbólico, Trump recibió en la Casa Blanca a los padres de la víctima y aseguró que su memoria perdurará.
“Mantendremos viva la memoria de Laken en nuestros corazones para siempre”, expresó el mandatario. “Con la acción de hoy, su nombre también vivirá por siempre en las leyes de nuestro país, y esta es una ley muy importante”, añadió.
Esta es la primera legislación firmada por Trump en su segundo mandato, tras haber sido aprobada rápidamente por el Congreso, de mayoría republicana, apenas dos días después de su investidura el pasado 20 de enero. La ley refuerza la estrategia de la administración para frenar la migración irregular, una de las principales prioridades de la agenda del republicano.
El endurecimiento de las políticas migratorias genera críticas desde distintos sectores. Congresistas demócratas señalaron que la implementación de la ley podría implicar costos excesivos para el país, estimados en unos 83.000 millones de dólares durante los primeros tres años.
Por su parte, diversas organizaciones rechazaron la medida, argumentando que no contribuye a mejorar la seguridad pública. “Esta legislación no garantizará ni mejorará la seguridad pública y, cuando se combina con las políticas de aplicación miopes y caóticas del presidente, no ofrece ninguna solución sustancial con efecto positivo mensurable”, afirmó Kelli Stump, presidenta de la Asociación de Abogados de Inmigración Americana (AILA).
