Las autoridades de Estados Unidos arrestaron a 538 inmigrantes en situación irregular y expulsaron a “cientos” en una operación masiva de deportación, que la Casa Blanca calificó como “la mayor” en la historia del país. Esta acción se produce pocos días después del inicio del segundo mandato de Donald Trump.
“La Administración Trump arrestó a 538 inmigrantes ilegales criminales y deportó a cientos de ellos en aviones militares”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en la red social X. “Promesas hechas. Promesas cumplidas”, agregó el portavoz, en referencia a la postura dura de Trump sobre la inmigración ilegal durante su campaña presidencial.
Diversos sectores reaccionaron ante la magnitud de las deportaciones. La portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani recordó que “el derecho a buscar asilo es un derecho humano universalmente reconocido” y pidió a las autoridades estadounidenses respetar las normas internacionales.
En el ámbito local, el alcalde de Newark, Nueva Jersey, Ras Baraka denunció que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizaron redadas sin presentar una orden judicial. Entre los detenidos se encontraba un veterano del ejército estadounidense, acción que calificó como una “violación flagrante” de la Constitución.
Trump anunció la reactivación del programa “Quédate en México”, implementado durante su primer mandato, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras se procesan sus casos. Además, suspendió programas creados durante la administración de Joe Biden que ofrecían vías legales para la solicitud de asilo.
El presidente también firmó un decreto que busca restringir el derecho de ciudadanía por nacimiento, consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución, aunque un juez federal de Seattle suspendió temporalmente esta orden ejecutiva.
Mientras tanto, el Congreso, dominado por los republicanos, aprobó recientemente una ley para ampliar el encarcelamiento preventivo de extranjeros en situación irregular sospechosos de delitos, reforzando así la agenda migratoria del mandatario.
